Juan Álvarez MOreno.-
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En Acteal prevén inconformidades por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras el análisis y revisión del caso de 57 de los 86 presos por la tragedia ocurrida el 22 de diciembre de 1997. El fallo dejó en claro que 40 de los inculpados son inocentes tras 11 años de prisión
En conferencia de prensa, la Asociación Civil, Puertas Abiertas de América Latina quien se adjudicó la defensa, desde hace ocho años, dejó en claro que la absolución del Tribunal Federal de Justicia podría generar reacciones en contra en grupos como las Abejas y el mismo Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas a quienes acusaron de obstaculizar y provocar diferencias entre los comuneros; el conato de bronca no está descartado.
“Le hacemos una recomendación al Gobierno del Estado de que por el interés de algunas personas, creo que se debe tomar precaución porque no queremos que exista provocación de éstos grupos de poder” dijo Sergio Natarén Gutiérrez, representante jurídico de la A.C.Los voceros y representantes de presos indígenas dejaron en claro que el fallo favorable de la SCJN está provocando tensión en quienes han visto la masacre de Acteal como un interés económico, político y social.
“Existen grupos de poderes interesados que están fuera de los lineamientos gubernamentales porque lamentablemente, Acteal ha sido negocio para muchas personas y cuando se resuelva esta situación se acabará el negocio y no tan fácil lo dejarán ir […] Acteal tiene tintes religiosos y políticos y existen la Sociedad Civil las Abejas y el grupo de Derechos Humanos de la Fray Bartolomé lejos de ayudar ha dividido a familias y a la propia comunidad”.
De igual forma el pastor evangélico, Manuel Pérez Arias hizo un llamado a todas las personas que han entorpecido la aplicación de la ley evitar seguir dañando la cultura indígena y provocando el divisionismo entre los grupos religiosos tras el suceso en donde murieron 18 personas.
Por ello hizo el llamado a las autoridades competentes a extremar medidas preventivas para evitar que las personas que desde hace 11 años han obstaculizado la resolución de indígenas encarcelados pueda llevarse de manera transparente.
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