JUAN ÁLVAREZ MORENO
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La Familia Jiménez del municipio de Chenalhó, desde hace 11 años perdió la siembra en el cultivo de café, maíz y frijol. La detención de 7 de sus integrantes –por la matanza de Acteal- acusados de participar en el asesinato de hombres, mujeres y niños indígenas, los privó de su libertad y con ello el ingreso familiar.
Las dos hectáreas dedicadas al grano aromático, que servía de sustento en el seno de ésta familia, hoy están en el olvido. En el recuerdo quedan las 3 toneladas de café que producían al año cuyo monto económico era suficiente para todos los participantes de la cosecha.
Pero la falta de recursos y mano de obra, según argumento de Pedro Jiménez Ruiz, ha provocado que toda ese realidad se viniera abajo; tras lo ocurrido en Acteal, como integrante barón de la familia con edad adulta, ha buscado la manera de sobrevivir trabajando “de lo que caiga”.
Pedro, impulsado por la fe y esperanza de reencontrarse con su papá, hermanos y cuñados forma parte de la marcha caravana-al igual que 49 familias más- que hacen un total de 65 personas que buscarán con un plantón indefinido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la libertad de 33 presos políticos.
“Algunos son autoridades de la comunidad o municipio, otros representantes de la iglesia y templos, fueron acusados del asesinato pero no fueron ellos. Ya declararon los culpables, los que sí fueron responsables de la masacre, nuestras familias no tienen nada que ver con eso. Aunque otros todavía están libres”.
Con pancartas en mano y mantas amarradas en pedazos de palos, esperaron impacientes por el intenso calor de la ciudad capital, a sus dirigentes que sostuvieron un diálogo con las autoridades del estado. Posteriormente emprender el viaje.
Para Pedro, el reclamo por liberar a los 33 presos políticos, entre los que se encuentran autoridades ejidales, religiosos y campesinos, es una lucha incansable. A diferencia de las otras administraciones esperan tener confianza en el actual gobierno “por la voluntad mostrada para con los que han sido encarcelados injustificadamente”.
Sin maletas, ni subsidio alimenticio, las familias tomaron camino a México, instalados en pleno centro del país esperan vivir de las dádivas de los mexiquenses además del apoyo que logren conseguir con instituciones estatal y federal.
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